Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez ha presentado hoy el Estudio de Infravivienda del Arciprestazgo Centro. Se ha visibilizado la situación de la vivienda de esta zona, en el marco de la Campaña de Personas Sin Hogar, que este año también se centra en la reivindicación del derecho a una vivienda digna.
6 de noviembre de 2014.- Para ello, han estado presentes Francisco Domouso, director de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, Antonio López, delegado episcopal, así como Mari Ángeles Pozo, coordinadora de Acción Social de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez.
Dicho estudio realizado por Cáritas Diocesana Asidonia-Jerez y que ha sido presentado hoy, se ha enmarcado en la Campaña de Personas Sin Hogar, que este año se centra en la reivindicación de “una vivienda digna y adecuada”.
Este estudio es el resultado del análisis de la situación residencial de 343 familias, de un total de 576 atendidas desde nuestros servicios de Acogida de las Cáritas Parroquiales del Arciprestazgo Centro (San Dionisio, Santiago, San Marcos, San Miguel, San Mateo-San Lucas, Virgen de Fátima, Los Descalzos y San Pedro). Y es que, como afirmaba Francisco Domouso, “hemos realizado una aproximación cualitativa y cuantitativa de esta realidad, definiendo propuestas alternativas”.
Domouso ha querido hacer referencia al VII Informe de exclusión y desarrollo social en España de FOESSA. Así, afirmaba que “la crisis no es causa, sino consecuencia de un modelo social concreto al que la propia crisis retroalimenta y fortalece”, y añadía que “existe una confrontación entre mayores demandas y menores recursos, lo que acaba dando lugar a una desprotección que asistencializa los derechos”. En relación a dicho estudio a nivel andaluz, ha dado datos tales como que “la exclusión relacionada con la vivienda alcanza al 28,9 % de los hogares de Andalucía”, añadiendo que “casi la mitad de los hogares en situación de pobreza sufren la exclusión residencial”. También ha querido mencionar que “un rasgo de vulnerabilidad muy específico de Andalucía es no disponer de dinero para pagar gastos de la casa”.
De este modo, con estas pinceladas a nivel nacional y andaluz afirmaba entonces que “de la necesidad de hacer visibles a estas personas excluidas surge este estudio” y añadía que “se trata de un territorio en cuyos rincones se esconde exclusión, mucho dolor, desesperanza e indignidad”. Ante ello, añadía con rotundidad que “ nosotros afirmamos que dignidad se escribe con D de derechos”. Por último, ha querido decir también que “las políticas urbanísticas de los últimos 30 años han permitido la degradación del centro de Jerez”.
A continuación Mari Ángeles Pozo pasaba a detallar las principales conclusiones alcanzadas en este estudio. En primer lugar, afirmaba que “se observa que la exclusión social está íntimamente relacionada con la exclusión residencial”, a lo que añadía que “nos encontramos que las personas con más dificultades económicas, en muchísimos casos no pueden acceder a viviendas en condiciones de habitabilidad por no disponer de recursos, lo cual provoca un círculo de difícil salida para la familia”. De hecho, recurriendo a los datos, 16 familias no disponían de luz eléctrica en el momento de realizar el cuestionario por impagos o, por ejemplo, 48 familias no tenían de gas butano para cocinar o ducharse con agua caliente.
Asimismo, Pozo añadía que “llama la atención que las familias viven y soportan situaciones de inhabitabilidad, que van desde los 3 meses hasta los 25 años, lo que apunta a que la pobreza se está cronificando y no es fruto de la crisis, es estructural”.
También se ha incidido en que dichas condiciones de exclusión residencial, que se dan en lo interno y en lo externo, se refleja en “un importante número de familias que viven en viviendas que son inadecuadas”. Volviendo a los datos, afirmaba que “en cuanto a la habitabilidad, en un 53% de los casos la vivienda no posee los servicios mínimos o tienen humedades, así como en un 38% viven con goteras o incluso no tienen iluminación natural (28%)”. Por otro lado, también hacía hincapié en que “en cuanto al equipamiento básico, 15 familias no tienen bañera o ducha en sus viviendas o la tienen en mal estado y no la pueden usar y 38 de las encuestadas no tenían agua caliente en el momento de realizar el estudio”. Otro de los problemas que destacaba Mari Ángeles es que “existen muchos casos de inestabilidad en la vivienda, ya sea por la posibilidad de un deshaucio, expulsión… así como dificultad para acceder por los alquileres altos de la zona, ya que la mayoría de las personas encuestadas (un 77%) viven en régimen de alquiler y pagan una en torno a 150 euros al mes por una habitación y 300 euros por una vivienda”
También se ha hecho referencia a la problemática de una “planificación urbanística inadecuada”, a lo que añadía “la falta de una apuesta en promoción de viviendas en régimen de alquiler protegido”.
Por otro lado, analizando la situación en cuanto a la infravivienda la coordinadora de Acción Social, ha hecho referencia al sobreendeudamiento de las familias, así como a las consecuencias emocionales de este tipo de realidades, ya que “hemos encontrado sentimientos de impotencia, sufrimiento, tristeza, miedo… al igual que situaciones de conformismo y apatía”.
En definitiva, ha afirmado que las principales causas del problema del acceso a la vivienda son “el desempleo prolongado, la falta de liquidez que impide hacer frente a dichos pagos relacionados con la vivienda y la insuficiencia de los sistemas de protección social”.
Por otro lado, Antonio López, delegado episcopal se ha centrado en que “desde Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez, creemos que la actual situación social exige respuestas valientes, generosas y creativas, estableciendo unos mínimos necesarios que den respuesta a las necesidades de bienestar de la ciudadanía”. Ante ello, se han planteado propuestas, tales como la puesta en marcha de “un centro más integrador”, ya que, entre otras medidas, ha destacado que “hay que Incrementar las ayudas directas de alquiler a colectivos con mayores dificultades, así como crear y dinamizar foros de encuentro sobre urbanismo, vivienda, asuntos sociales, entidades sociales y redes de mediación de alquiler social”.
También ha pedido “un centro más habitable”, para lo que Antonio López ha incidido en la importancia de “desarrollar una Ley de Vivienda y Suelo, marco común regulador que determine las condiciones básicas de acceso efectivo a la vivienda protegida y sus modalidades de gestión pública, así como favorecer la salida al mercado de alquiler de las viviendas desocupadas”, entre otras. Además de un centro más sostenible, “con la aprobación de una ley de sobreendeudamiento familiar” y por supuesto, un centro más humano, en el que “se realice un trabajo educativo en bloques de viviendas sociales o protegidas, en el que se aborden aspectos de convivencia, respeto y búsqueda conjunta de soluciones”.
