Con motivo del día 1 de
mayo, Cáritas junto a las demás entidades promotoras de la iniciativa “Iglesia
por el Trabajo Decente” denuncian el impacto que la precariedad tiene en la
juventud abocada a unas condiciones de pobreza crónica, en las familias que no
pueden garantizar sus necesidades básicas y en los mayores que perciben unas
pensiones indignas
Jerez, 30 de abril de 2019. Ante la celebración del 1º de Mayo,
Cáritas junto a las demás entidades promotoras de la iniciativa “Iglesia por el
Trabajo Decente” (Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Hermandad Obrera
de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica (JEC) y
Juventud Obrera Cristiana (JOC)) unen sus voces, por segundo año consecutivo,
para reclamar la erradicación de “la lacra de la precariedad laboral que caracteriza
el actual sistema de relaciones labores y que lesiona los derechos de las
personas trabajadoras y de sus familias”.
Las entidades de la Iglesia denuncian
los graves efectos que la precariedad laboral está teniendo en “la juventud
hundida en una pobreza crónica que les imposibilita un proyecto de vida”, en
las “familias cuyas necesidades básicas quedan sin asegurar o sin cubrir, como
son el techo, luz, comida, ropa o medicamentos” y en las “personas mayores que
sufren una vejez sin calidad a causa de unas pensiones indignas”.
Además de subrayar que “el trabajo es
esencial para la vida de las personas porque ayuda a construir nuestra
humanidad”, las organizaciones exigen “a políticos, gobernantes y poderes
económicos unos derechos que son básicos para la construcción de una sociedad
cuyo sentido y función sirvan al bien común”. Para ello proponen, recogiendo
uno de los focos señalados por la Organización Internacional del Trabajo con
motivo de la celebración del centenario, “un programa centrado en las personas
y basado en la inversión en las capacidades de los individuos, las
instituciones laborales y en el trabajo decente y sostenible”.
Esta indecente precariedad se ve reflejada en cifras como los 3
millones de personas paradas
y sin posibilidad de trabajar (EPA 2018) que hay en España. En cuanto a la
calidad del empleo, cabe destacar que la tasa de temporalidad asciende al
26,86% (EPA) y el trabajo a tiempo parcial alcanza el 58%. De hecho, el 26,6 %
de la población está en riesgo de pobreza y/o exclusión social y el 14,1% de
las personas ocupadas son personas trabajadoras pobres (Informe AROPE, EAPN,
2018).
Ante
esta realidad, y con objeto de transformar estas condiciones de
quiebra de derechos y de dignidad, las entidades de Iglesia por el Trabajo
Decente insisten en la necesidad de situar a la persona en el centro de la vida
política, de las relaciones laborales y del trabajo, a fin de abordar la
indecente precariedad que descarta a millones de personas del acceso a un
trabajo decente. También reclaman que se promuevan unas
condiciones laborales que garanticen la integridad física y psíquica de la
persona, y su protección social, para que no haya ni una persona muerta más por
accidente de trabajo. Finalmente demandan que se reconozca social y
jurídicamente el trabajo de cuidados, basado en un planteamiento nuevo de
políticas sociales, de género y educativas que facilite una prestación de los
cuidados compartida por hombres y mujeres.
