En
el transcurso de nuestra CXXV reunión conjunta, los Obispos del Sur de España
hemos dedicado una atención especial a la situación de la educación en nuestra
región, y hemos decidido hacer públicas las siguientes consideraciones.
1.-
En primer lugar, valoramos y apreciamos el esfuerzo realizado por cuantos se
ocupan de la educación en nuestra comunidad autónoma a favor del desarrollo
integral de la persona, sea cual sea la red educativa en que llevan a cabo ese
trabajo.
2.- Vemos con preocupación la política de
recortes aplicada por los responsables públicos a este sector. Nos preocupa
especialmente la situación de la enseñanza concertada que, durante décadas, se
ha consagrado a la tarea educativa en nuestra comunidad, atendiendo en muchas
ocasiones a los sectores más desfavorecidos. Ahora se encuentra amenazada por
los poderes públicos, pese a su aceptación social y a la demanda de muchas
familias. Igualmente nos preocupa la supresión de los centros de educación
diferenciada, que vulnera el derecho de los padres a elegir el tipo de
educación que responda a sus convicciones.
3.-
Tenemos presentes a los titulares de los centros educativos, portadores del
derecho a crear centros que garantizan el ejercicio de la libertad de
enseñanza, tan sano en una sociedad plural y democrática. Especialmente,
apoyamos a los padres en su derecho fundamental, que reconoce la Constitución
(art. 27), a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus convicciones, como dimensión de la formación que debe recibir
una persona para su desarrollo integral, y, por lo mismo, a escoger el centro educativo
en que quieran escolarizarlo.
4.-
Expresamos nuestra preocupación en estos momentos de renovación de conciertos
educativos en los que se pretende eliminar unidades escolares en centros que
las tienen autorizadas, en funcionamiento, concertadas desde hace muchos años y
que poseen una demanda suficiente. Nos duele, en especial, la posible
eliminación de tales unidades escolares en centros dedicados a los más
desfavorecidos, donde se viene realizando una magnífica labor educativa.
Nuestro apoyo y afecto a todas las comunidades educativas que ven amenazados
sus derechos en las distintas diócesis de Andalucía.
5.-
Por ello, con respeto y firmeza, pedimos a las autoridades educativas que
realicen los esfuerzos necesarios para mantener una política educativa que sea
motor de nuestra sociedad y respetuosa con el derecho de las familias a elegir
la educación acorde con sus convicciones. Igualmente pedimos que, conforme a
sus obligaciones legales, concierten a los centros educativos que reciban
demanda suficiente, garantizando así un sistema educativo de calidad, a la vez
que equitativo y plural.
En Córdoba, a 22 de mayo de 2013