Se espera que en las próximas semanas de multipliquen las objeciones contra la asignatura Educación para la Ciudadanía
El Foro de Laicos Asidonia muestra su satisfacción ante la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que reconoce el derecho de los padres a la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía. Desde esta instancia se considera que "esta decisión judicial es una manifestación propia del Estado de Derecho al constituir una afirmación inequívoca de la división de poderes y el sometimiento de los jueces al imperio de la Constitución y no a la ideología gubernamental".
El Foro de Laicos Asidonia muestra su satisfacción ante la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que reconoce el derecho de los padres a la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía. Desde esta instancia se considera que "esta decisión judicial es una manifestación propia del Estado de Derecho al constituir una afirmación inequívoca de la división de poderes y el sometimiento de los jueces al imperio de la Constitución y no a la ideología gubernamental".
La sentencia constituye un precedente que sentará doctrina sobre objeción de conciencia educativa, tanto por sus fundamentos jurídicos como por su fallo, ya que a diferencia de otras resoluciones judiciales en la materia, entra en el fondo del asunto y pondera adecuadamente el derecho de los padres y los hijos a la educación. Se trata de una buena noticia dado que "son decenas los recursos contenciosos administrativos pendientes en los tribunales españoles, de familias que defienden democráticamente su libertad educativa frente al intransigente abuso de poder del Gobierno".
El Tribunal Superior ha aplicado correcta e íntegramente la jurisprudencia más vanguardista del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al reconocer la objeción de conciencia educativa, sin entrar en enjuiciamientos de naturaleza ideológica. Con justeza entiende que el interés público consiste, precisamente, en garantizar los derechos, lo que “justifica la existencia del Estado y sus potestades”. "Esta afirmación del órgano judicial es toda una declaración de principios sobre el comportamiento debido de un Estado", explican.
En términos prácticos, a partir de ahora, la Administración educativa, tanto estatal como autonómica, deberá forzosamente reconocer la realidad de la objeción de conciencia como un derecho constitucional de los padres, tendrá que eximir a los estudiantes de padres objetores de asistir a clase de Educación para la Ciudadanía, y habrá de hacer constar en su expediente que no son evaluados de la asignatura. Sin duda va a ser también un estímulo para que los padres aún indecisos vean con claridad la legitimidad para presentar la objeción de conciencia contra Educación para la ciudadanía.
En este sentido, desde Profesionales por la Ética se espera que en las próximas semanas se multipliquen las objeciones de conciencia, que ya en las últimas semanas y a medida que se va acercando el nuevo curso, se habían incrementado hasta alcanzar un total de más de 24000 en toda España.